
El despacho
El despacho actualmente tiene una consolidación de más de treinta años. Algunos de sus integrantes poseen experiencia profesional aún más antigua.
Desde el inicio de su labor jurídica hasta la actualidad se han tratado más de siete mil casos, que comprenden los ámbitos: civil, penal, contencioso-administrativo y social.
El tratamiento que se le proporciona al problema, la duda o la controversia que plantea cada cliente, siempre se funda en la estrategia de alcanzar la solución con tácticas que posibiliten el menor coste emocional y económico, y la menor espera. Sin olvidar que la táctica hace el camino, pero no sustituye el fin perseguido.
Los abogados de este despacho, tienen como motivación profesional y personal defender los intereses del cliente, sin que ello implique decirles lo que quieren oír si ello no es compatible con la legalidad o con la realidad; tratan de ilusionar al cliente sin convertirlos en ilusos.
No existe, contrariamente a lo que parece habitual, rígidos compartimentos de especialistas; se considera fundamental descubrir la solución global de toda la problemática del cliente, y no apartar lo que el especialista domina para su tratamiento, habida cuenta que aún no se conocen experto en discriminar qué es importante y qué no, antes de analizar el todo.
Se procura que los honorarios percibidos del cliente sean suficientes. De manera que la compensación económica haga posible emplear el tiempo necesario para estudiar, pensar, calibrar los tiempos y las estrategias, de forma que también el cliente salga beneficiado económicamente, aunque la cuestión que se tenga entre manos no siempre tenga una conversión dineraria.
Además de la estricta labor jurídica, se proporcionan servicios integral a empresas y autónomos, tanto en el campo contable y fiscal, como el referido a seguridad social y laboral.

Se creó a raíz de la iniciativa de tres de sus componentes surgida en la Facultad, allá por el año 1990. Ese año inició la andadura en un pequeño departamento subarrendado en la Calle Mallorca, luego pasó a instalarse en la Calle Diputación donde sumó otro miembro y, finalmente, desde hace unos veinticinco años desarrolla sus actividades en Ronda de San Pedro 19-21 2º 6ª de Barcelona 08010, con cuatro letrados socios y personal administrativo de otras catorce personas, algunas de las cuales llevan veinte integrados en él. Se tocan todas las cuestiones jurídicas de las cuatro jurisdicciones: penal, civil, contencioso-administrativo, y social. Con una subdivisión en el orden civil entre familia y mercantil.
Se ejerce la profesión desde la valoración del abogado, que por primera vez en el siglo XIII se explicitó en la legislación española; en las 7 Partidas de Alfonso X el Sabio, que en castellano antiguo decía más o menos lo siguiente del abogado: el que razona por otro en juicio, y con la palabra ejerce su oficio apercibiendo a los juzgadores y dándole luces para su acierto; sosteniendo a los litigantes para que por carencia, miedo o venganza no pierdan su derecho.
Entre todos los servicios que las instituciones públicas ofrecen al ciudadano y que conforman el Estado, las Comunidades Autónomas o los Municipios, el único que exige un sometimiento obligatorio en algunos casos es la Administración de Justicia. Cualquiera puede decidir, ante casi todas las administraciones públicas, hacer uso de sus servicios o no, pero los ciudadanos no tenemos esa libertad de opción ante la Administración de Justicia. Por ser el último asidero de las personas cuando no tienen otro remedio; su sometimiento no siempre es voluntario. Si un cónyuge demanda en un Juzgado el divorcio, el otro tiene que acudir a defenderse, de lo contrario, se resolverá sin su intervención, y lo resuelto determinará en buena parte su vida futura. En otro caso, si el otro no cumple aquello a lo que se obligó en una escritura, el que pretenda el cumplimiento tendrá que acudir a la justicia y ello arrastrará al supuesto incumplidor.
Si alguien comete un hecho que tenga la apariencia de una infracción penal, acabará en el Juzgado de Guardia con voluntad o sin ella. Si una empresa presenta un concurso de acreedores (quiebra), los trabajadores y los proveedores tendrán dificultades para cobrar lo que les pertenece, tengan responsabilidad en la ruina económica de la empresa o no la tengan. Las resoluciones judiciales, aunque generalmente tarde, se cumplen, y en cumplimiento de ellas se puede perder el patrimonio, la relación con los hijos, o la libertad. Un pleito puede cambiar el rumbo de la vida de una persona, incluso aunque esta no lo haya buscado. En definitiva, el sistema judicial, con sus muchas carencias y con sus innumerables deficiencias cuando se cruza en la vida de una persona, deja una huella indeleble. Dentro de los operadores de la justicia, los abogados tienen como misión que esa huella de ser negativa haga el menor daño, y de ser positiva otorgue el mayor provecho; y generalmente es imperiosamente necesario adelantarse a los acontecimientos, cuando se vislumbra la silueta de un problema legal.
Los abogados son los que tienen el contacto directo con la persona que se ha de someter al proceso, ya sea para defenderse de otro, o para exigirle a otro lo que el otro por su propia voluntad no hace o no entrega. Por tanto, el justiciable no solo tiene el derecho a que un profesional se ponga en su lugar, le escuche, le comprenda, y le asesore, sino que además merece que le digan la verdad también poniéndose en el lugar de su contrario, y le adelante con explicaciones lógicas y ciertas qué se va a encontrar en el camino que le ha tocado transitar; dónde están los pozos, las curvas, las subidas y bajadas, y cuándo y de qué manera puede llegar. Esas son, en síntesis, las motivaciones de inicio y de continuidad de este despacho de abogados; y sobre esos cimientos se desarrolla la actividad.