Contencioso Administrativo

En este orden se discuten ante los jueces las controversias que le surge al ciudadano frente a una administración pública (Ayuntamiento, Gobierno Autónomo, Gobierno Central, Direcciones generales tráfico, hacienda, etc).

Cuando un ciudadano recibe una multa, no se le otorga una licencia o se le pretende cobrar una cantidad determinada, si no está conforme debe recurrir (oponerse por escrito) en la vía administrativa (aquí aún no hay jueces, resuelve la misma administración que dictó el acto que no se comparte); agotados los recursos administrativos se accede a la jurisdicción contenciosa-administrativa a través de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo o las Salas de los Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia de las Autonomías, o Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.

Estos pleitos se hacen sobre el expediente que confeccionó la administración que impuso el pago o la multa o denegó la licencia que el ciudadano considera injusto. Es imprescindible que en el expediente administrativo estén todos los escritos del ciudadano presentados dentro de los plazos legales, y todo ello se hará valer ante los jueces, de ahí que es trascendente lo qué se dice, cuándo se dice, y porqué se dice. Ha de saber el cliente que los gastos que por defensa se efectúan en un procedimiento contencioso administrativo nunca son recuperables, puesto que nunca (o casi nunca) se condena en costas a la administración por más aberrante que sea el acto declarado ilegal o nulo por los jueces.

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